Morelia, Michoacán, a 11 de agosto de 2026.- Incluir una diputación plurinominal migrante entre las 40 con que cuenta el Congreso de Michoacán es la propuesta de la diputada local Ana Vanessa Caratachea Sánchez.
“Michoacán es una entidad con una profunda vocación migrante. Durante décadas, cientos de miles de michoacanas y michoacanos han salido del territorio estatal para buscar mejores condiciones de vida, principalmente en los Estados Unidos, sin que ello implique la pérdida de sus vínculos familiares, comunitarios, económicos, culturales y políticos con su lugar de origen”, expuso en tribuna la diputada de La Piedad.
Compartió que ella misma es parte de una familia migrante, como la mayoría de los michoacanos, pues se estima que hay alrededor de cinco millones viviendo en el país vecino.
A pesar de esta cifra tan alta de michoacanos viviendo en el extranjero, no se ha concretado la diputación migrante, que ha sido una exigencia social desde hace años, mientras ya es una realidad en la Ciudad de México, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco y Nayarit.
Vanhe Caratachea señaló que existe una brecha porque la comunidad migrante participa activamente en la vida pública de Michoacán y se preocupa por su lugar de origen, pero no tiene representación en el momento de definir leyes, presupuestos y políticas públicas.
Su propuesta es modificar la Constitución de Michoacán para que se incorpore esta figura de representación proporcional pero sin representar un costo adicional, porque se mantendría un total de 40 diputaciones y se conformaría una circunscripción especial integrada por michoacanos que residen en otros países.
“La creación de esta figura no sólo responde a una exigencia de justicia política, sino también a una lógica de gobernanza moderna. Michoacán no puede seguir viendo a sus migrantes únicamente como aportantes económicos; debe reconocerlos como sujetos plenos de derechos, con capacidad de incidir en las decisiones públicas de su estado”, manifestó la diputada del PAN.
En caso de aprobarse esta iniciativa, tendría efectos para la elección de 2029-2030 y habría que modificar el Código Electoral para precisar los criterios de paridad, registro de candidaturas, fiscalización de campañas y demás detalles particulares.
