* Gobierno municipal solicita amparo para que un juez federal ordene continuar la construcción de la obra.
Por Rafael Rivera Millán
A poco más de medio año de haberse suspendido la construcción del Distribuidor Vial, obra licitada con recursos de la APILAC por alrededor de 500 millones de pesos, el gobierno municipal anunció la solicitud de un amparo, buscando que de inmediato un Juez Federal le conceda la suspensión provisional, que tiene que ver con que se reanude los trabajos, independientemente de que siga sin resolverse el pleito legal en que está metida esa dependencia federal junto con las empresas Loros e IDINSA.
En conferencia de prensa, la alcaldesa Itzé Camacho Zapiain dijo que este recurso se hacía para defender los derechos de los ciudadanos para contar con vialidades acordes a sus necesidades. “Hemos promovido un amparo por considerar que el Órgano Interno de Control de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, al suspender la obra antepuso los intereses de particulares (empresas contratistas), dejando a un lado el de los ciudadanos”, puntualizó la edil.
Dijo que hay confianza en que se conceda la suspensión del acto reclamado, para que el Juez ordene a APILAC la continuación de la obra, “porque Lázaro Cárdenas necesita esta obra y muchos comerciantes están siendo afectados por el paro de los trabajos, con este amparo queremos abonar a que se destrabe lo antes posible y lo estamos haciendo confiando en la ley, pues es una inversión muy grande y creemos que tenemos derecho a pedir y exigir que e arreglen lo antes posible las cuestiones legales de esta obra”, precisó.
Por su parte, Francisco Rangel Salgado, Jefe del departamento Jurídico del ayuntamiento local, dijo que lo realizado por el OIC de APILAC, es algo relacionado con la nulidad y la reposición del procedimiento de licitación de la obra, que es un asunto entre particulares, y que lo que el ayuntamiento está haciendo es recurrir a la justicia federal como protectores de los derechos humanos de terceros afectados por la suspensión de la obra, esto es, al margen de quien la ejecute.
“Estimamos que el OIC al ordenar detener la obra, debió haber ordenado la continuación de los trabajos, en tanto se determinaba el fondo de la inconformidad por el fallo de la licitación, porque como ya había trabajos iniciados, debió continuarse con la obra para no afectar el interés general de la población.
Al preguntarle del por qué a más de seis meses de la suspensión de la obra, hasta ahora el ayuntamiento se subía al ring de este asunto, la alcaldesa respondió que primero se buscó dialogar con los representantes de las empresas involucradas, pero al no ver un avance, “nosotros tuvimos que tomar otras medidas, por eso lo estamos e independientemente de que se resuelva el asunto legal, nosotros esperamos que le Juez nos conceda la suspensión para que se ordene continuar los trabajos cuanto antes”.
“Las empresas tendrán que arreglarse legalmente entre ellas, nosotros como ayuntamiento nos interesa que se haga la obra, y si el proceso legal continúa no sabemos cuándo se va a resolver eso, por eso lo que estamos haciendo es defender nuestros derechos ciudadanos”, recalcó.
Rangel Salgado precisó que los efectos de la suspensión provisional que se busca en este amparo, es que los trabajos se continúen “y pues tal vez no se terminen en este año, pero eso no será problema, porque no habrá el riesgo de un subejercicio de los recursos de APILAC, porque será por causas ajenas a la dependencia, por los recursos legales de los particulares en contra del fallo licitatorio”, puntualizó.
