Por Francisco Rivera Cruz
Ante el hecho de que la autoridad municipal se cree autócrata o que su voluntad es la ley, del ejercicio de oposición a la ciclovía por los comerciantes y ocupantes de la avenida Melchor Ocampo resultará un ejercicio valioso, sobre todo si ganan los ciudadanos, ya que el gobierno no está acostumbrado a conceder.
Así lo considera Alfonso Castillo Abogado, presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia, quien enmarcó que se está frente a un referente porque la sociedad requiere hacer valer sus derechos y la autoridad no está dispuesta a que le cuestionen, simplemente.
El tema parte de la exigencia por un grupo social al respeto de sus derechos, y el gobierno municipal no está viendo el problema en que se va a meter. “Le puede salir caro el capricho a la autoridad”, dijo el exdirector del Fideicomiso 752.
Sustentó lo anterior en que hay reportes de que para imponer la ciclovía, hay recursos de peculado, cohecho y otras faltas usadas por el Ayuntamiento, como el no cobro de pagos a cambio que los comerciantes firmen a favor de la obra, cuando el rechazo es general por los daños que quieren evitar.
Si la sociedad, en este caso de la avenida Melchor Ocampo se mantiene unida, a partir de aquí se respetarán los derechos ciudadanos, subrayó Castillo Abogado.
Ante la creencia de que tiene el poder total, el gobierno local está violando derechos, aparte de los que atropelló desde un principio como el derecho a audiencia, y ahora afecta posesiones y bienes.
Alertó que la negligencia acarrea muchas y serias consecuencias, y es mala consejera cuando se enlaza a opacidad, propia voluntad, ocurrencias, no planeación, condiciones “que a lo menos que obliga a pensar es en corrupción”.
Sobre la demanda penal que la autoridad informó que interpuso contra los inconformes, el declarante dijo que la alcaldesa Itzé Camacho “se quiere entretener, por eso demanda”.
Pero aguas, puede tener consecuencias, desde abuso de autoridad hasta faltas penales, anotó el ingeniero Alfonso Castillo.
Observó que hay por parte de la autoridad, manipulación de declaraciones, pues quiere utilizar a la propia sociedad en un propósito que nos cuesta dinero, que sigan los baches, banquetas dañadas y obras inconclusas.
Lamentó que en lugar de dialogar, insista el gobierno en imponer un proyecto que no está fundamentado y para querer presumir que realizó consulta, manipula una reunión de queja en la que saca nombres y firmas, que termina presentando como de aceptación, lo que constituye un delito.
