La crisis de abastecimiento de medicamentos en México ha dejado de concentrarse en las instituciones civiles de salud y comienza a mostrar problemas similares en el sistema médico de las Fuerzas Armadas. A las irregularidades detectadas en las compras consolidadas de Birmex se suman denuncias sobre posibles restricciones a la competencia y favoritismo hacia determinados proveedores en contrataciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En el caso de Birmex, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó un posible daño patrimonial de 419.5 millones de pesos por operaciones sin suficiente respaldo documental, además de posibles contrataciones indebidas por 192.8 millones. Estos señalamientos se agregan a las fallas que llevaron a cancelar una compra consolidada en 2025 por presuntos sobrecostos de hasta 13 mil millones de pesos.
La situación también preocupa en la Sanidad Militar. Según la información publicada por Efecto Qro, el Hospital Central Militar habría reducido su capacidad de surtimiento al 56% de las recetas durante 2026, cuando anteriormente alcanzaba niveles de entre 90% y 98%. Esto implica que militares y sus familias deben adquirir por cuenta propia medicamentos que deberían recibir mediante los servicios institucionales.
A este escenario se suman señalamientos relacionados con los procedimientos de adquisición de equipo y servicios médicos. Las denuncias mencionan a la coronel Blanca Jiménez Zenteno, subdirectora de Sanidad, y al capitán Juan Pablo Arriaga, titular de la Unidad de Control y Gestión, por su presunta participación en mecanismos que limitarían la competencia para favorecer a determinadas empresas.
Entre las contrataciones cuestionadas destacan la compra de equipo médico para especialidades pediátricas del Hospital Central Militar, con un presupuesto máximo de 558.4 millones de pesos; el equipamiento del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y del Niño, por 265 millones; y un servicio de mantenimiento integral de equipos médicos, con un techo de 417 millones de pesos.
En este último procedimiento, las denuncias señalan que, de 54 empresas interesadas, la participación se habría reducido a únicamente cinco, entre ellas Lofloes, Medical Dimegar y Grupo Aldai. También se cuestiona que diversas partidas fueran declaradas desiertas, lo que podría afectar la disponibilidad y el mantenimiento de equipos indispensables para la atención médica.
Aunque estos señalamientos requieren investigaciones y verificaciones oficiales para determinar posibles responsabilidades, ambos casos reflejan un problema de fondo: las deficiencias en la planeación, contratación y supervisión de las compras públicas pueden traducirse en desabasto, mayores costos y afectaciones directas a los pacientes.
El reto para las autoridades no consiste únicamente en investigar posibles irregularidades administrativas, sino en garantizar procesos de adquisición transparentes, con competencia efectiva entre proveedores y entregas oportunas de medicamentos y equipos médicos.
*La consecuencia más importante de esta situación no está solamente en los recursos públicos comprometidos, sino en la atención que dejan de recibir los derechohabientes de las instituciones de salud.
